Donald Trump parece estar decidido a no dejar el sector educativo fuera de sus esfuerzos por luchar contra la inmigración indocumentada en Estados Unidos.
Lo dejó claro cuando, apenas un día después de regresar a la Casa Blanca, su gobierno rompió con políticas anteriores y autorizó a agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a realizar arrestos en lugares considerados “sensibles”, tales como escuelas e iglesias.
Este miércoles, Denver se convirtió en el primer distrito escolar en el país que presentó una demanda para mantener a los agentes federales fuera de sus escuelas públicas y evitar cualquier posible redada en sus centros.
Entre otras cuestiones, alegaron que el anuncio del gobierno ha provocado una caída en picado de la asistencia a las aulas por parte de niños cuyas familias temen salir de casa por si son detenidas y deportadas.
Sin embargo, algunos estados liderados por republicanos están yendo más allá con la presentación de proyectos de ley para prohibir directamente que alumnos indocumentados puedan acudir a las escuelas públicas, o bien ponerles algún tipo de obstáculo.
Esto es especialmente grave si se tiene en cuenta que este derecho está respaldado por la Corte Suprema. En el caso Plyler v. Doe de 1982, los magistrados determinaron en un fallo de 5 a 4 que es inconstitucional negar a los niños una educación pública gratuita en función de su estatus migratorio.
Los proyectos de algunos estados conservadores, en cambio, contradicen esta decisión y, si finalmente ven la luz, tendrían enormes consecuencias para el presente y futuro de los niños indocumentados que viven en EEUU.
Comments